El Senado aprobó el 24 de octubre la norma que reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios y que obliga a informar de bienes en el extranjero

La norma reduce a 2.500 euros el límite para realizar pagos directos en efectivo a particulares y empresarios, aunque no afectará a operaciones entre particulares, y obliga a todos los contribuyentes a declarar el capital y los bienes inmuebles del extranjero.

Serán sujetos infractores tanto el pagador como el receptor del pago, se exonerará de sanción para el sujeto que voluntariamente comunique el pago en efectivo a la Administración en los tres meses de haberse producido el pago y se establece sanción por incumplimiento tanto al pagador como al perceptor del 25% del valor del pago satisfecho en efectivo.

Además, la nueva ley permite adoptar medidas cautelares vinculadas a supuestos de presuntos delitos contra la Hacienda Pública para evitar que los deudores se declaren en situación de insolvencia, e incluye modificaciones que afectan a los empresarios incluidos en el régimen de módulos.

Además, se limita la actividad de sociedades con inmuebles participadas por deudores que se declaran sin bienes y se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección con multas entre 1.000 euros y 100.000 euros para los contribuyentes que no desarrollen actividades económicas y con multas de entre 3.000 y 600.000 euros para los que sí las desarrollan si bien se  Se prevé una reducción del 50% de la sanción en el caso de rectificación de la conducta.