Principales novedades:


Mayor flexibilidad

- Se refuerza la libertad de pactos dando prioridad a la voluntad de las partes.

- Se reduce el plazo de prórroga obligatoria de cinco a tres años.

- Reducción del plazo de prórroga tácita de tres a un año.

- Posibilidad de recuperación del inmueble por el arrendador para destinarlo a vivienda permanente aunque no esté previsto en el contrato cuando haya transcurrido al menos un año desde la firma del contrato. El arrendador deberá comunicar su intención con al menos dos meses de antelación.

- Una vez transcurridos seis meses, el arrendatario podrá resolver el contrato siempre que se lo comunique al arrendador con al menos un mes de antelación. Podrá pactarse una indemnización por resolución anticipada.

- Las partes podrán acordar, que durante un plazo determinado, la obligación total o parcial de pago se remplace por el compromiso de reformas o rehabilitación del inmueble.

- Las partes pueden pactar los términos de la actualización de la renta durante la vigencia del contrato.

- Durante los tres primeros años de vigencia del contrato sólo podrán incrementarse los gastos generales por acuerdo de las partes.

- La actualización de la fianza será cada tres años.

- Nuevo supuesto de resolución del contrato de arrendamiento distinto de vivienda: la realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el arrendador.


Mejora de la seguridad jurídica

- Se establece la inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos para que surtan efectos frente a terceros.

- Un comprador que adquiera una vivienda, siempre que sea un adquirente de buena fe, estará obligado a permitir que el arrendatario continúe con su contrato siempre que dicho contrato de arrendamiento esté inscrito en el Registro.

- Si el contrato de arrendamiento no está inscrito, el comprador de buena fe no estará obligado a respetar el arrendamiento concertado por el anterior propietario y el arrendatario perderá su derecho.


Agilización del proceso de desahucio

- La falta de pago de la renta podrá dar lugar a la resolución del arrendamiento, sin más exigencia que un previo requerimiento notarial o judicial, sin necesidad de obtener una sentencia declarativa.

- En la línea de favorecer la inscripción en el Registro de la Propiedad, se prevé un procedimiento más sencillo de actuación en caso de impago de rentas siempre que se trate de arrendamientos inscritos en el mismo. En ese caso, siempre que así se señale en el contrato, Una vez cancelada la inscripción del arrendamiento, se podrá ordenar la ejecución, lo que implica la restitución del inmueble a su propietario.

- Se crea un procedimiento judicial acelerado para que en el plazo de diez días se proceda al pago de la renta debida y se simplifican los procedimientos judiciales para efectuar los desahucios, duplicando la capacidad de los juzgados.

- Se crea un Registro de Sentencias firmes de impago de rentas de alquiler al que tendrán acceso los propietarios de inmuebles, tanto personas físicas como jurídicas.


Ayudas a la vivienda

- Se mantienen las ayudas de subsidiación de préstamos convenidos que se vinieran percibiendo, pero quedan suprimidas y sin efectos el resto de ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda.

- Se mantienen las ayudas del programa de inquilinos, ayudas a las áreas de rehabilitación integral y renovación urbana, rehabilitación aislada y programa RENOVE, acogidas a los Planes Estatales de Vivienda hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

- Las ayudas de Renta Básica de Emancipación que subsisten se mantienen hasta que sean efectivas las nuevas líneas de ayudas, del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.